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García Luna culpable, México responsable

garcía luna

El martes 21 de febrero de 2023 quedará como un día histórico en la relación bilateral México-EE.UU., por ser la primera vez que se enjuicia a un ex secretario de Estado mexicano. 

A Genaro García Luna, responsable de la seguridad pública y estratega de la guerra del expresidente Calderón contra el narcotráfico, un jurado lo halló culpable por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y perjurio.

Su juicio está enmarcado por diferentes sucesos ligados íntimamente:

  • La epidemia de drogas más mortífera vivida en la nación de las barras y las estrellas.
  • Las elecciones presidenciales en ambos lados de la frontera en 2024. 
  • La urgencia de Biden de elevar su popularidad y de López de refrendar sus dichos en contra del gobierno de Calderón.
  • Responsabilizar a México por la crisis del fentanilo en esa nación –21 fiscales piden designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas y Anne Milgram, director de la DEA, acusa al gobierno actual de poca cooperación–.

El resultado del juicio deja en claro la hipocresía de ambos gobiernos en la guerra contra el narcotráfico, resultado de una estrategia fallida, infestada de corrupción.

Es por todos conocida la gran demanda de sustancias psicotrópicas en la tierra del tío Sam; ergo, cabría preguntarnos: ¿por dónde entra la droga a ese país? ¿Cómo y quién la distribuye a lo largo y ancho de su territorio? ¿Por qué sólo se enjuicia a delincuentes extranjeros o afroamericanos? ¿Acaso no hay mafiosos estadounidenses?

Seguramente la CIA, el FBI y la DEA tendrán respuestas a estos cuestionamientos, pero convenientemente callan o actúan con parcialidad.

Definitivamente la corrupción, “llevada en la sangre por los mexicanos” según Peña Nieto, ha causado daños a nuestra nación. Sin lugar a dudas, el ex secretario de seguridad pública es culpable -no sé si directamente, pero sí indirectamente- de los cargos imputados.

Su fortuna, extrañamente excluida del juicio, es inexplicable y una afrenta a los mexicanos. Es el resultado del abuso de la confianza, la corrupción y de medrar con la estrategia fallida pactada con las agencias de investigación de Estados Unidos.

El juicio, basado exclusivamente en el testimonio de veintidós delincuentes –cobijados y premiados por el “programa de testigos protegidos”– sin la aportación de ninguna prueba de sus dichos, es un nefasto precedente: para futuros litigios, cualquiera podrá ser declarado culpable por el juramento de honrar la verdad emitida ¡por un delincuente!

Resalta la diferencia entre el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en el que sí se aportaron cientos de pruebas.

Otro hecho a resaltar, el cual, se presta a suspicacias, es la liberación de Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de narcotráfico por los mismos testigos del juicio de García Luna, a petición directa de López Obrador.

Queda demostrada, nuevamente, la incapacidad o falta de voluntad de la Fiscalía General de la República para presentar las denuncias correspondientes a fin de llevar a juicio –en territorio mexicano– a servidores públicos mexicanos señalados por actos de corrupción y ligas con el narcotráfico.

Es hipócrita la posición del presidente López Obrador al festejar, con bombo y platillos, la declaración de culpabilidad de García Luna, omitiendo que su fiscal -apreciado y ampliamente por él defendido-, recién reaparecido, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su comportamiento opaco y tendencioso.

Santiago Nieto, ex titular de la UIF, lo denunció públicamente, al aseverar que la impunidad era una afrenta contra el estado de derecho, en referencia directa al Fiscal General de la República por no procesar a ningún imputado relevante.

Apenas en diciembre de 2021, tibiamente inició un proceso en contra de Genaro García. En pleno juicio, Pablo Gómez, hoy titular de la UIF, integra un expediente de observaciones por más de 700 millones de dólares y, al igual que Nieto, señala a la Fiscalía de no haber iniciado ninguna carpeta de investigación. 

Continuará…

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