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¿Juicio o charada?

El juicio en contra de Genaro García Luna pareciera ser, más que un proceso serio, riguroso y apegado a derecho, una válvula de escape para los gobiernos de ambos países –México y Estados Unidos– ante su evidente fracaso contra el narcotráfico.

Ambas administraciones requieren enviar un mensaje firme, en el sentido de estar haciendo lo correcto y corrigiendo errores del pasado, para congeniar con sus simpatizantes y ganar adeptos que carecen de una definición firme en sus preferencias político-electorales.

Para el gobierno del presidente Joe Biden se trata –por condición humana– de culpar a otros de sus problemas (uno de ellos es el crecimiento exponencial de las adicciones en la población estadunidense: más del 28% anual y más de 100 mil muertes al año por sobredosis) .

Por tradición, en el vecino del norte culpan a México de ser el principal oferente a la gran demanda de sustancias psicotrópicas –naturales y químicas– , las cuales generan un flujo monetario en promedio de 1.5% del PIB dentro de una red compleja de corrupción que simulan atacar.

Para López Obrador este juicio es la justificación perfecta de sus delirios manifiestos en las desmesuras mañaneras. Escuchar las acusaciones –sin mayor sustento que la palabra de delincuentes confesos que necesitan mejorar su condición jurídica y penitenciaria– en contra de Felipe Calderón Hinojosa -su obsesión favorita- sin duda le viene “como anillo al dedo” y le parece suficiente para demostrar que él es diferente.

Curiosamente, antes de la detención de García Luna en 2019 nunca se atrevió a iniciar una carpeta de investigación en su contra o de alguno de los implicados y más cercanos al ex secretario de seguridad pública. Fue hasta 2021 cuando, convenientemente, se detonan los actos judiciales en su contra.

Es un secreto a voces que, en México, ni en la actual ni en las pasadas administraciones se ha actuado en contra de los servidores públicos implicados con el narcotráfico; todos, sin excepción, han sido puestos en el banquillo de los acusados por el gobierno de Estados Unidos (Ovidio, por cierto, se está sustrayendo de ser extraditado. Bien raro).

Desde el día que comenzó el juicio (20 de enero de 2023) en contra de Genaro García Luna en el juzgado de Brooklyn, NY, y hasta el día de hoy, solamente han declarado 24 de los 70 testigos anunciados por la fiscalía.

Si se confirma la información, dada a conocer por dicha instancia el 8 de febrero de este año, en el sentido de haber presentado ya a su último testigo esta semana, se estarán configurando dos hechos que van de la mano: (1) la terminación anticipada del juicio –sólo declararían 25 de los 70 testigos anunciados– y (2) la imperiosa necesidad de presentar pruebas contundentes (y reales) para sustentar los cargos imputados al acusado .

Resulta necesario señalar que, hasta el momento, no se ha presentado una sola prueba que sustente fuera de toda duda razonable, por lo menos, uno de los tres cargos por narcotráfico o de delincuencia organizada en juego. De no presentarse, no se tendrían los elementos necesarios para declarar culpable a García Luna. Al menos, eso es lo que puede esperarse de un proceso penal apegado a derecho donde la presunción de inocencia prevalece ante la calumnia.

Reitero: el que un juicio de profundo impacto mediático se sustente en los dichos que provienen de delincuentes –narcotraficantes, exservidores públicos y expolicías– acogidos al programa de testigos protegidos, abona al cada vez más grande descrédito del programa por su uso indiscriminado y falto de seriedad.

Desconozco el sistema legal de Estados Unidos, pero dudo mucho que, por el cargo de falsedad de declaraciones al momento de solicitar su ciudadanía –sin relación con la imputación por narcotráfico y delincuencia organizada– pueda ser declarado culpable.

Finalmente, respecto de la charada presentada por la UIF de Pablo Gómez, supuestamente encaminada a recuperar los presuntos 750 millones de dólares de la fortuna en inversiones inmobiliarias en el estado de Florida con recursos presuntamente desviados del erario federal, concluyo que, más que abonar a los cargos por los que se le acusa, en una vuelta de la narrativa podrían ser un atenuante y justificante para demostrar que su riqueza no fue obtenida por vínculos con el narcotráfico o lavado de dinero. Eso, sin bordar sobre la existencia de los “Lamborinis”.

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