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Reformemos la asignación de plurinominales

asignación de plurinominales

¿Es necesario reformar las normas que regulan la asignación de plurinominales? Definitivamente sí. Para eso debemos romper con el concepto impuesto por el PRI en 1963 (hace ya 60 años), de equipararlas con una concesión o considerarlas como un premio o prebenda, pero, sobre todo, la ciudadanía debe dejar de verlas como innecesarias.

Actualmente no son ni una cortesía ni una mercancía intercambiable por lealtad y, definitivamente, no deben desaparecer por el solo hecho de no originarse por el voto directo.

Esta percepción de los plurinominales refleja nuestro poco interés en participar intelectual y activamente en la cosa pública y exhibe, en toda su magnitud, nuestro reducido concepto de democracia.

Concebimos al sistema electoral de mayoría relativa como el ideal para elegir a nuestros gobernantes; sin embargo, a nivel global, sólo en 58 países lo emplean. En cambio, el de representación proporcional se practica en 99 países y sistemas mixtos como el nuestro sólo en 17.

El principio de representación proporcional tiene, como fundamento, privilegiar el pluralismo de pensamiento, cultural y político, condición indispensable en la integración del Poder Legislativo como máximo órgano de representación popular.

A diferencia del sistema de uninominal, en donde exclusivamente estaría representada la voz de las mayorías, el de representación proporcional busca no nada más hacer valer nuestro derecho de expresión y de ser escuchados, sino de ser partícipes en el destino de nuestro Estado Nación.

Culpar a la democracia de nuestras omisiones como ciudadanía es irresponsable. Si nuestros(as) representantes no cumplen con su encomienda, no es por los mecanismos o herramientas democráticas, sino por su deshonestidad y falta de compromiso democrático y por nuestra falta de exigencia a que nos informen y rindan cuentas.

Sería una irresponsabilidad mayúscula retornar a la época post revolucionaria en donde el gobierno tenía el control total del sistema electoral; sobre todo al periodo de 1946 a 1963, cuando, si bien había partidos y existían los Poderes de la Unión, en realidad los integrantes del Congreso de la Unión eran electos únicamente a través del sistema de “mayoría relativa” con un solo elector: el presidente.

Pasaron más de 50 años (1997) para quitarle el control de las elecciones al gobierno y lograr la transición democrática. Su efecto positivo fue inmediato. En la primera elección organizada por la ciudadanía (IFE), el PRI perdió la mayoría en el Poder Legislativo; tres años después perdió la Presidencia de la República y desde entonces la alternancia en el poder es una realidad cada vez más vigente y deseable.

Si bien es cierto que nuestro sistema electoral es perfectible, en ese ánimo las élites de los partidos políticos deberían mostrar voluntad para corregir y simplificar la ley electoral.

Con relación a las reformas en el tema de representación proporcional, se debe iniciar por definir un solo método de cálculo a nivel nacional -de preferencia, creo, el establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de proporcionalidad pura (Hare-Niemeyer)-.

Asimismo, hay que homologar la definición de los conceptos: Votación Total, Votación Válida, Votación Efectiva, Cociente Natural y Resto Mayor, entre otras.

Del mismo modo, se considera viable uniformar la integración de los congresos locales con 60% de espacios de Mayoría Relativa y 40% de Representación Proporcional. Actualmente, solo 19 Legislaturas locales cumplen con dicha condición.

Finalmente, es prudente establecer en 3% el umbral mínimo de votación para tener derecho a participar en la asignación de Representación Proporcional. Asimismo, establecer como límite máximo de espacios a ocupar por ambos principios (sobrerepresentación) el resultado de multiplicar el porcentaje de votos válidos o efectivos de cada partido por el total de curules.

Lamentablemente, no hay voluntad para replantear el sistema político electoral de nuestro país; el único escenario alcanzado por el profeta y su mayoría fue –en fondo y forma– un amasijo de ocurrencias, resentimiento y autoritarismo, plana corregida afortunadamente por el Poder Judicial de la Federación.

Es así que el año entrante el entramado legal e institucional federal vigente cumplirá una década.

Nada para escribir a casa.

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