Coahuila 2024, radiografía electoral: los partidos morralla (tercera parte)

Con esta entrega concluye el análisis de los partidos marginales en Coahuila, aquellos que, en la historia de su vida política, difícilmente alcanzan el 5% de la votación total. En la siguiente colaboración examinaré al PAN: un partido que, de no retomar su doctrina y principios, pronto pasará a ser un partido marginal más. Pero por lo pronto, vamos ahora con:

Unidad Democrática de Coahuila (UDC)

La UDC es el partido local con mayor trayectoria permanente a nivel nacional (1996-2024); lo respaldan más de cinco lustros de historia y diversos triunfos en diferentes municipios y distritos locales. 

Ha ganado la presidencia de Acuña en ocho ocasiones y ha tenido triunfos en los tres municipios más importantes de la región carbonífera: Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas. 

Desde la LV Legislatura y hasta la actual (LXIII) inclusive ha contado con representación en el Congreso y la mayoría de las ocasiones con fracción parlamentaria (dos o tres diputados). En 2017 obtuvo el triunfo en tres distritos locales (I Acuña, III Sabinas y IV San Pedro).

Es un partido con fuerte presencia en las regiones norte y carbonífera; en menor grado en la región lagunera (en específico en San Pedro, mientras que Matamoros fue su segundo bastión en el periodo 1996-2013).

Dejó de ser competitivo en Matamoros tras la ruptura con el Profr. Jesús Contreras Pacheco, quien fundaría un partido local de corta estancia (PPC), que correría la suerte de todos los partidos formados en la era de los Moreira Valdez.

Sea por conveniencia o por otra razón, a pesar de su longevidad como instituto político local, su competitividad se limita a los municipios antes mencionados.

Su rango de votación oscila entre 2.9% (2013) y el 6.82% (2008). Con un promedio de 4.53%; en tal contexto, es altamente probable que signifique un 4% de la votación total en el proceso actual (aproximadamente 60 mil votos).

Es pertinente precisar que en la elección del 2021 se alió de facto con Morena al no presentar candidatos en los municipios en donde cuenta con mayor presencia. La consecuencia inmediata fue el haber obtenido sólo 0.49% de la votación total en ese año.

En otro escenario, en las elecciones para gobernador de 2023 participó en alianza con el PVEM. Para ese proceso electoral intentó ser aliado de Morena, sin llegar a un acuerdo, por lo que se unió, de última hora, a la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

Contrario al PAN, la UDC fue el ganador en esta coalición al cederle el PRI tres municipios: Sabinas en la región carbonífera y Jiménez y Acuña en la región norte, y asimismo le otorgaron regidurías en diversos municipios.

Finalmente, Unidad Democrática de Coahuila marca claramente una diferencia y distancia con el resto de partidos marginales, al ser un partido que, si bien es cierto que no tiene una presencia significativa en todos los municipios del estado, cuenta con la militancia suficiente para no fungir como satélite o palero del PRI, Morena o el PAN. 

Su dirigente y líder moral es Evaristo Lenin Pérez Rivera.

Coahuila 2024, radiografía electoral: los partidos morralla(segunda parte)

Los partidos marginales, morralla o satélite generalmente se caracterizan por tener una función de acompañamiento, comparsas, rémoras o paleros de los partidos grandes; así lo eran el PARM y el PPS en el siglo pasado en la plenitud de la hegemonía del PRI.

Además de tener una o varias de las características antes mencionadas, los actuales comparten la característica de ser partidos familiares, cuando no unipersonales: el PVEM de los González Martínez, el PT de Alberto Anaya, MC de Dante Delgado y UDC de Evaristo Lenin Pérez. Por lo tanto, todos ellos han sido manejados por los mismos dirigentes desde su fundación.

Desde la intermedia de 1997, las elecciones, tanto federales como locales, se volvieron competitivas, llegando a ser tan cerradas como la de 2006 -en donde resultó electo Felipe Calderón por medio punto porcentual-. 

Por lo anterior, el 2 o 3% -máximo el 5%- que logran alcanzar estos partidos morralla les eleva su valor. Hoy lo importante es devolverle a la democracia su justo valor y eliminar el voto de confianza; las elecciones deben seguir teniendo un resultado incierto y un proceso lleno de certezas. 

Movimiento Ciudadano (PMC, antes Convergencia Ciudadana).

Movimiento Ciudadano es quizá la institución política más débil en Coahuila. La dirigencia del partido estuvo a cargo del exsecretario de gobierno Raúl Sifuentes Guerrero, a quien en 2020 lo sucedió el actual dirigente Alfonso Danao de la Peña Villarreal.

En su historia por Coahuila, MC sólo ha gobernado un municipio (Ocampo en 2017, merced a que obtuvo 1,739 votos. Contra los 1,583 del PRI); y nunca ha tenido representación en el Congreso del Estado.

Si bien es cierto que, en la lastimosa y fugaz precampaña presidencial de Samuel García, levantó amplia expectativa entre el electorado, sobre todo en el más joven y menos participativo, también es cierto que, tanto en Saltillo como Torreón, la afinidad iba hacia Mariana Rodríguez.

La posibilidad de crecimiento de Movimiento Ciudadano en el electorado coahuilense se reduce al malograrse la candidatura del candidato fosfo y su esposa para el escenario nacional. Posteriormente a la designación como candidato a la presidencia de Jorge Álvarez Máynez, de precario conocimiento público, la preferencia por el MC, al primero de marzo, se encuentra en el rango del 2 al 8%.

Sin embargo, la frescura política y juventud de su candidata a senadora por Coahuila, Valeria López Luevano, quizá logre incentivar a la población joven coahuilense a participar y elevar el promedio de votación del partido en el Estado, que es 1.54%.

Si consideramos que en Coahuila, al igual que todos los partidos marginales, Movimiento Ciudadano no cuenta con oficinas permanentes en los 38 municipios, su activismo político es muy reducido y difícilmente logrará una votación fuera de su rango histórico, el cual se encuentran entre 0.47 (2008) y 2.45% (2018), como mínimo y máximo.

Coahuila 2024, radiografía electoral: los partidos morralla 

En el panorama electoral de Coahuila para este 2024, podemos llamarles “morralla” o “marginales” a aquellos partidos que ya sólo subsisten teniendo que presentarse en la boleta como pequeños satélites de los partidos de mayor presencia. En este caso, hablaré del PRD, el PT y el PVEM.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

La presencia del partido del sol azteca en Coahuila es mínima y focalizada; ha gobernado el municipio de San Pedro de las Colonias en dos ocasiones y otros municipios pequeños como Jiménez, Juárez y Ocampo. 

En el Congreso local, desde la LIV Legislatura (1997-1999), ha existido representación continua con, al menos, un diputado plurinominal -a excepción de las Legislaturas LX y LXII-.

Es pertinente señalar que, desde 2005, cuenta con una alianza permanente con el PRI y, al igual que el PVEM, es utilizado por el Revolucionario Institucional como aliado formal o de facto para dividir a sus oponentes.

Testimonio de lo antes dicho es que en la LXIII Legislatura, las dos curules obtenidas son ocupadas por priistas, destacando la hija del actual alcalde de Saltillo, Beatriz Eugenia Fraustro Dávila (Coordinadora de la fracción del PRD) y el nigropetense Guillermo Ruíz Guerra.

Su líder moral es la Profa. Mary Telma Guajardo Villarreal, amiga muy cercana de los hermanos Moreira Valdez (Humberto y Rubén).

En conclusión, el PRD en Coahuila representa un promedio de 2.79% de la votación total emitida; su máximo obtenido fue de 12.32% (1999) y el mínimo de 1.14% (2021). Si consideramos los resultados obtenidos de 2018 a 2023, se espera aporte el 2% (30 mil sufragios) de la votación total.

PARTIDO DEL TRABAJO (PT)

El PT perdió su registro local desde el año 2009 y no existe registro de haber gobernado municipios. Su presencia en el Congreso local se remonta a la Legislatura LIV (en el siglo pasado), reapareciendo en las LVI y LVII legislaturas; desde entonces, su ausencia ha sido permanente.

La escisión del otrora precandidato de Morena, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, y su posterior irrupción como abanderado del Partido del Trabajo -que fracturó la coalición Juntos Haremos Historia en el proceso electoral 2023-, así como el débil respaldo conseguido por Armando Guadiana, fueron factores que le permitieron alcanzar 13.3% de la votación total (más de 178 mil sufragios), suficientes para recuperar el registro local y obtener representación en la LXIII Legislatura del Congreso local.

Sin embargo, a excepción de la votación alcanzada el 4 de junio de 2023, su promedio es 1.86% de los votos totales emitidos y su rango oscila entre el 1.29% (2015) y el 4.5% (2018).

Un escenario positivo para este partido sería obtener el 6% de la votación total en la jornada electoral del 2 de junio de 2024; esto es, aproximadamente 85 mil votos, algo poco probable.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO (PVEM)

El PVEM obtuvo representación parlamentaria en Coahuila hasta el año 2000 en la LV Legislatura local; sin embargo, su presencia en el legislativo ha sido intermitente –a pesar de su alianza incondicional a nivel local con el PRI–; ha tenido representación en las legislaturas LVII, LIX, LX y LXII. Asimismo, ha gobernado en tres ocasiones el municipio de Parras de la Fuente.

Su votación promedio es 3.06% y su rango oscila entre el 1.52% (1999) y el 5.17% (2014). Al igual que el PRD y el PT, el número de simpatizantes o agremiados en los diez principales municipios del estado es marginal. Se enfoca en conservar su registro local y ser aliado del PRI en alcaldías, diputaciones y gubernaturas.

Su dirigente y líder moral es José Refugio Sandoval Rodríguez.

Es pertinente señalar, que, aunque el PVEM pertenezca –a nivel nacional– a la alianza Juntos haremos historia, en Coahuila invariablemente apoya los proyectos del PRI. Ya sea como aliado formal o de facto, es usado para dividir a los opositores.

Lo anterior podría corroborarse con lo acontecido en la jornada electoral de 2023, en donde participó en alianza con UDC y el 60% de sus simpatizantes votó a favor de Evaristo Lenin Pérez Rivera como candidato a gobernador y, el restante 40% muy probablemente sufragó a favor del candidato del PRI.

La expectativa de votación para este 2024 es del 3% de la votación total (alrededor de 45 mil votos).

PAN: entre sobrevivir o sacrificarse

En el proceso electoral del año próximo pasado, el otrora candidato Manolo Jiménez Salinas alcanzó la mayor cantidad de votos en la historia electoral de la entidad al obtener 765 mil 941 sufragios (56.96% de la votación total) y sobrepasar los 721 mil 289 votos (60.1%) obtenidos por Rubén Ignacio Moreira Valdez en 2011.

Ante la incertidumbre y riesgo de perder la gubernatura, el PRI se alió con el PAN y el PRD, enviando un mensaje de fortaleza y unidad; además, propició la alianza entre el PVEM y la UDC debilitando, con esto, la alianza Juntos haremos historia; pero, sin duda, lo que contribuyó más a su contundente triunfo fue el rompimiento de Ricardo Mejía Berdeja con Morena.

En 2023 también se renovó el Congreso del Estado y la Alianza por la Seguridad, igualmente, arrasó en los 16 distritos electorales locales.

De las 25 curules en el Congreso Local, la coalición ganadora tiene en total 17 (68%, que representa la mayoría calificada), mientras que Morena y sus satélites cuentan con ocho (32%). Al menos así quedó la correlación de fuerzas antes de que las publicaciones de Marko Cortés fracturaran la Alianza por la Seguridad.

De no llegar a un acuerdo entre el PAN y el PRI, el reacomodo en el Congreso quedaría de la siguiente manera: 10 del PRI, 2 del PRD y uno de la UDC (su nuevo aliado): un total 13 diputados (52% del total de curules) suficiente para tener mayoría simple, que no la mayoría calificada.

Bajo este contexto, el PAN local se encuentra en una encrucijada, pues deberán decidir entre salvar al partido o continuar de facto en alianza con su histórico rival en pro de no perjudicar a Fuerza y Corazón por México.

Sea cual fuere la decisión, el daño está hecho; sólo queda esperar para conocer qué tanto fue. El PAN pierde y ambas alianzas pierden -no sé si los coahuilenses pierdan o ganen al ver una vez más en dónde están puestos los reales intereses de las élites de los partidos políticos-.

Definitivamente, existen otras opciones para el PAN; entre ellas, podría asumir las consecuencias con dignidad y participar en los 38 municipios con candidatos propios: competitivos, con entusiasmo, y retomar así su digno papel de oposición.

Quizá, si hubiera un poco de civilidad y responsabilidad democrática, el PAN, UDC, PVEM, PT y Morena podrían ser un real contrapeso al PRI en el Congreso, en beneficio de los coahuilenses. Unidos serían mayoría simple en el Congreso.

Pero, indiscutiblemente al PAN le urge retomar su esencia de ser un partido formador de ciudadanía, integrado por seres humanos pensantes y comprometidos con la democracia y sus instituciones, volver a ser competitivo y dejar de ser sucedáneo del PRI.

Finalmente, ante este panorama, si bien es cierto que no se avasallará como en 2023, la Alianza por la Seguridad y Fuerza y Corazón por México podría alzarse con la mayoría de los triunfos, tanto en la pista federal como en la local.

Coahuila rumbo al 2 de junio de 2024 

A nivel nacional Coahuila representa potencialmente el 2.45% (2 millones 384 mil 290 electores) de la lista nominal –al corte del día 18 de enero de 2024–; se encuentra en la decimoquinta posición de manera decreciente en proporción a los ciudadanos con credencial para votar vigente. 

De acuerdo con datos históricos, en el estado se espera un 63% de participación ciudadana en la jornada electoral del 2 de junio del presente año, equivalente a un millón 502 mil 103 coahuilenses.

En cuanto a la contienda local, se renovarán la totalidad de los ayuntamientos; se elegirán 522 ediles (38 presidentes municipales, 38 síndicos de mayoría, 38 síndicos de primera minoría y 408 regidurías).

A nivel federal, el día de la jornada electoral otorgaremos nuestra representación a una o un candidato a la Presidencia de la República, elegiremos de entre ocho candidaturas a sendas diputaciones federales -una por cada distrito electoral federal- y una fórmula de dos senadurías.

El PRI actualmente gobierna en 27 municipios coahuilenses –67% de su población–; resaltan, por su importancia, Saltillo y Torreón. El PAN, es gobierno en cuatro. Entre ambos partidos gobiernan 31 de los 38 municipios.

Las dos ciudades antes mencionadas -y más importantes del estado- concentran el 50% de la lista nominal. Los siguientes seis municipios más poblados (Monclova, Piedras Negras, Acuña, Matamoros, Ramos Arizpe y San Pedro) representan otro 30%. Por lo tanto, el 80% de los votantes se concentra en ocho municipios (todos gobernados por los partidos que conforman la coalición Fuerza y Corazón por México).

De igual manera, con Morena llevándose el distrito II, el PRI recuperó terreno en la elección intermedia de 2021 el PRI al ganar en 6 de los 7 distritos electorales federales. En el caso del senado, la fórmula triunfadora en 2018 fue la de Morena.

Actualmente, la representación de Coahuila en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión es de 12 diputados en la cámara baja: 7 por el principio de mayoría relativa y 5 de representación proporcional, así como 3 senadores en la cámara alta: 2 de mayoría relativa y uno de primera minoría (PRI).

Coahuila es hoy la única entidad federativa en la historia de México en donde un partido político (el PRI) habrá de gobernar por más de 100 años de manera ininterrumpida; ello, merced al triunfo obtenido por la Alianza por la Seguridad (PAN-PRI-PRD) el pasado 4 de junio de 2023.

Bajo este panorama, y a pesar de la escisión del PAN de la alianza en la elección de alcaldes, posterior a la desastrosa actuación de Marko Cortés, en el Revolucionario Institucional se tiene la confianza de obtener el triunfo mayoritario, tanto en la pista federal como local.

Finalmente, podemos afirmar que el gran perdedor será el PAN. Su actual situación afecta y debilita en algún grado a la candidata Xóchitl Gálvez, pero definitivamente lo coloca, a nivel local, en una encrucijada en donde cualquier decisión que tomaren habrá de debilitar su presencia y la confianza de las y los coahuilenses.

Quien pasó a ser el ganón y a colocarse en situación muy favorable para el 2026 fue Lenin Pérez Rivera, dirigente moral de Unidad Democrática de Coahuila, al ser incluido de última hora en la alianza que ahora será PRI-PRD-UDC. Después de ser despreciado y rechazado por Morena, Lenin Pérez podrá no sólo conservar su bastión electoral Acuña, sino que tendrá, ahora, la posibilidad de recuperar Múzquiz y Sabinas.

Tragicomedia mexicana: el interinato en Nuevo León

Lo ocurrido en el Estado de Nuevo León, con la designación y posterior declinación del gobernador interino, para cubrir la ausencia del gobernador con licencia, Samuel Alejandro García Sepúlveda, es una escena ignominiosa de nuestra tragicomedia mexicana.

Este hecho, una vez más, deja al descubierto el egoísmo, la ambición y el autoritarismo de nuestra fauna política, cuyos impresentables integrantes -sin el menor recato y pudor- pisotean sistemáticamente nuestro entramado legal e institucional a pesar de haber jurado respetarlo y hacerlo respetar. 

Pero, lo más increíble es nuestra tolerancia a semejantes barrabasadas; sin protestar, nomás.

En este sexenio, desde su inicio, se ha honrado la máxima de “mandar al diablo las instituciones” y violentar la ley bajo el apotegma “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.

Nuestra propensión a creer que las reglas se hicieron para romperse y no para aplicarse y respetarse es el origen de muchos de nuestros problemas.

No hay gobernante que se resista a la tentación de actuar como el ciudadano Vargas, protagonista del largometraje La Ley de Herodes, de servirse del poder otorgado por el pueblo para satisfacer su ego e intereses particulares. 

El día primero de diciembre de 2023 se encendieron las alarmas en todo el país por una posible crisis constitucional en el norte de la República. ¿La razón?, la incompetencia, la arrogancia y la irresponsabilidad del gobernador Samuel García.

Dice ser Doctor en Derecho, lo que autoriza a asumir que tiene pleno conocimiento de la norma, así como de los procedimientos y facultades de los Poderes por cuanto a la falta del mandatario estatal por licencia para separarse del cargo por más de 30 días.

Por lo tanto, es infinitamente responsable de su ignorancia, de su soberbia y de la notoria ausencia de oficio político que, por omisión, lo hicieron prescindir del diálogo y la negociación para que sus pretensiones prosperaran y transitaran de manera tersa con el Congreso.

También, debería ser consciente –es un decir– de las consecuencias de su incongruencia al incumplir no solamente su débil palabra, sino el mandato otorgado por el pueblo neoleonés para gobernar por seis años la entidad, accediendo a seguirle el juego al presidente.

Pero vayamos por actos en esta tragicomedia. Primero, el 22 de octubre el gobernador García solicitó licencia para ausentarse seis meses de su encargo, conforme el artículo 120 de la Constitución local.

Sin embargo, pretendió designar al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, como encargado interino del despacho, intentando violentar la facultad exclusiva del Congreso establecida en los artículos 96 y 122 de su Carta Magna.

Si bien es cierto que existe una costumbre de cortesía política -lógica y hasta cierto grado justa- en el sentido de respetar la propuesta del partido en el poder en el ánimo de acatar la voluntad del pueblo en las urnas, también lo es que, en la historia política de Nuevo León, el PAN y el PRI se han alternado la mayoría del Congreso, sin ser la excepción la actual LXXVI Legislatura.

Dados los resultados del proceso electoral local 2020-2021, el pueblo neoleonés decidió no entregar todo el poder a una sola fuerza política, fortaleciendo al Legislativo con el objetivo de privilegiar nuestro sistema de pesos y contrapesos.

Por su parte, el Congreso local pretendió designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Antonio Salinas Garza, como gobernador interino, pasando por alto su inviabilidad normativa según la fracción V del Artículo 118 de la Constitución local, lo que incrementó el problema y dio pie a su judicialización.

Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les enmendó la plana, tanto al ordenar al Congreso elegir una persona idónea y viable, de preferencia a través de un amplio consenso, que al dejar sin efectos el  acuerdo del gobernador por no ser de su competencia el nombramiento de su interino o, incluso, al determinar la procedencia que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso local, asumiera el cargo de Gobernador Interino.

Pero, mientras la lucha de egos y la judicialización se resolvía, el pueblo y el país vivieron momentos de alta tensión ante la posibilidad de presentarse una crisis política que pudiera escalar por la torpeza y fatuidad de Samuel García, fomentada y tolerada desde Palacio Nacional.

Asimismo, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, ante el desencuentro de ambos poderes, vislumbró la posibilidad que el Senado de la República pudiera intervenir para declarar la desaparición de poderes, como medida extrema.

Sin lugar a dudas, lo vivido en Nuevo León el primer día de diciembre es la antesala de lo que puede suceder el 2 de junio de 2024.

El 4 de diciembre de 2023, después de diversas balandronadas y arrebatos, Samuel García asumió nuevamente su encargo al frente del gobierno estatal.

Pierde López Obrador, gana Adrián de la Garza. Pierde Dante, gana Francisco Cienfuegos. Y pierde Nuevo León, donde la clase política -de todos los niveles, órdenes y colores- mostró el cobre al pelear el poder por el poder mismo. 

Deseo (aunque no estoy seguro si lo espero) que la ciudadanía mexicana reaccionemos en contra de las élites políticas fracasadas y anquilosadas. Mientras tanto, pobre México.

¿Cuántos y quiénes votan en México? (parte 3 de 3)

Con esta entrega finalizamos el análisis de los perfiles del electorado realizados por el INE y la organización Latinobarómetro. Seguramente, los equipos de cada candidato tendrán información más detallada y a profundidad del electorado en la cual sustentarán sus propuestas.

En cuanto a los perfiles delineados por Latinobarómetro con relación al sistema de preferencia para elegir gobernantes, el 35% de los ciudadanos mexicanos prefiere un sistema democrático a uno autoritario: 33% las mujeres y el 38% los hombres.

La indiferencia de los mexicanos entre ser gobernados por un demócrata o un autoritario creció en los últimos tres años; actualmente, el 28% manifestó no importarles quién gobierne siempre y cuando solucione los problemas. En este conjunto de mexicanos se invierte la tendencia, pues las mujeres son mayoría con 29%, sobre el 26% de los hombres.

De este modo, lo más grave en nuestro país es el crecimiento de la preferencia por gobiernos autoritarios. Sin perjuicio de los 30 millones de 2018, 33% de los mexicanos así lo manifestaron y, en este grupo, la proporción a favor entre hombres y mujeres es equitativa.

Como ya mencionamos, los jóvenes son los más dados a no participar, electoralmente hablando; una razón es que son el segmento más indiferente al sistema de gobierno (31.5% así lo manifestaron). Del mismo modo, son quienes actualmente más apoyan un sistema autoritario (37%, ante el 29% de los mayores de 40 años).

La educación es un factor determinante en el apoyo a la democracia: el 50% con estudios superiores lo prefieren ante cualquier otro. Mientras tanto, 20% son indiferentes al tipo de sistema y 30% apoyaría un gobierno autoritario.

Entre aquellos con educación básica (primaria y secundaria), 40% apoyan la democracia, mientras que al 31% le es indiferente el sistema de gobierno y el 33% manifestó su apoyo a un régimen autoritario.

En cuanto al estrato social, son los ciudadanos de clase media quienes, en mayor porcentaje, están a favor de la democracia (39%), siendo la clase alta la de menor apoyo (27%) y la más indiferente con 37%. Mientras tanto, la clase baja apoya en un 34% y es indiferente en un 31%. A la par, el apoyo a un régimen autoritario es de 33% en todos los estratos sociales.

Tal es el universo de votantes y algunas características relacionadas con su participación electoral, así como su postura frente a un sistema de gobierno. Como sea, falta mucho por estudiar para delinear un perfil, el cual debe ser realizado a nivel municipal y de ahí ir subiendo a lo distrital, regional, estatal y nacional.

El PANORAMA HACIA 2024

Como puede apreciarse, la democracia pierde terreno y, si bien es cierto que la candidata de Morena está arriba en las encuestas en este momento, también lo es que tiene poco margen de crecimiento y no se espera repunte en el ánimo del electorado debido a su precario o nulo carisma.

Igualmente, si hay que reconocer que al presidente López Obrador la oposición le ha hecho lo que al viento a Juárez, siempre habrá que recordar que no estará en la boleta. 

Otro factor son los desencuentros hacia el interior de Morena y sus satélites para elegir sus candidatos; en cada estado y municipio se vive una batalla en la que se ha demostrado una vez más la falta de oficio político para resolver los conflictos generados por su sistema antidemocrático de elegir candidatos.

La oposición debe encontrar las razones y causas que generen esperanza en aquellos indecisos e insatisfechos, sin descuidar quienes hoy se arrepientes de haber votado por López Obrador.

La apuesta no debe dirigirse a la polarización (en ese terreno están perdidos). El desprestigio de los partidos integrantes del Frente Amplio por México (FAM) es mucho: 68% no votaría por el PRI ni 51% por el PAN. 

La tarea no es fácil pero tampoco imposible. Como diría la canción de Annie, “seguro que hay sol mañana”.

¿Cuántos y quiénes votan en México? (parte 2 de 3)

En la entrega anterior, resaltamos la imprescindible necesidad de conocer a fondo el tamaño de la población y el perfil de los potenciales votantes para, con base en ello, tomar las decisiones y estrategias de campaña acertadas.

Cada perfil tiene expectativas de acuerdo con su presente y visión de futuro. Por lo tanto, es pertinente contrastar los anhelos de hombres y mujeres en sus diferentes rangos de edad, partiendo desde su entorno social y económico con el objetivo de hacer propuestas afines a la lógica del electorado.

Con relación al perfil de los votantes, al corte del 9 de noviembre de 2023, de los 97.5 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal, el 52% (50.7 millones) son mujeres y el 48% (46.8 millones) son hombres.

Si la participación ciudadana esperada fuera del 62% del registro de la lista nominal, la esperanza total de votos sería del orden de los 60.4 millones.

De acuerdo con los estudios del INE, la participación ciudadana histórica de las mujeres es de 57% en promedio: 8 puntos porcentuales mayor que la masculina. En intermedias baja a 49%, incrementándose a 66% en elecciones presidenciales concurrentes.

En cuanto a la edad de los votantes, son más participativos los electores en el rango de los 40 a los 79 años (63% en intermedias y 70% en presidenciales), 10% superior a la participación de jóvenes de 18 a 19 años y 20% mayor que la de la población de 20 a 29 años.

Actualmente, el rango de edad de 40 a 79 años concentra el 52% de la lista nominal -50.5 millones de electores-, entonces la expectativa sería que 35.3 millones de ciudadanos acudieran a votar.

Los jóvenes de 18 a 19 años representan el 3.9% (3.8 millones de potenciales votantes), lo que significa que 2.3 millones (60%) de jóvenes se presentarían a votar el 2 de junio de 2024.

El segmento en donde se presenta el mayor índice de abstencionismo es en el de 20 a 39 años, que representa el 44% de potenciales votantes (42.9 millones). Por lo tanto, se esperaría acudiera a las urnas máximo el 50% (21.4 millones de votos).

Al considerar un 38% de abstención para la jornada electoral del 2 de junio de 2024 (37 millones de ciudadanos no participativos), 21.5 millones (58%) serían jóvenes entre 20 y 39 años.

El porqué de la baja participación del electorado joven se atribuye a diversos factores, dentro de los que destacan la insatisfacción por la falta de oportunidades, la baja calidad en la educación y la falta de pluralidad y democracia en los partidos políticos, entre otras. Se tiene en los jóvenes un potencial de votos para definir el triunfo, como ya sucedió en 2018

Al relacionar edad y género, la participación electoral de las mujeres es superior en 8 puntos promedio a la de los hombres en el rango de edad de 18 a 59 años. A partir de los 60 años y más, se invierten los papeles y los hombres superan a las mujeres en 8 puntos en promedio. 

Es pertinente resaltar la existencia de una relación significativamente alta entre los niveles de participación ciudadana de las mujeres sobre los hombres: una alta participación femenina ocasiona una alta participación masculina y no al revés. Son ellas el motor de la participación política. 

La tercera variable evaluada por el INE es la del tipo de casilla, las cuales se clasifican en urbanas (69%), mixtas (13.5%) y rurales (17.5%). Resalta una mayor participación ciudadana en el medio rural que en el urbano. En elecciones concurrentes el promedio de participación es de 65% para el medio rural y 61% para las casillas urbanas y mixtas.

Espere usted la próxima semana la tercera y última parte de este recuento del panorama electoral mexicano.

¿Cuántos y quiénes votan en México? (parte 1 de 3)

Al emprender un negocio, antes de ofertar un producto es de suma importancia conocer el mercado en cuanto al número de clientes potenciales, así como a sus gustos y anhelos.

En política es exactamente lo mismo; quienes aspiran a un cargo de elección popular deben conocer no sólo a sus competidores, sino también el perfil de sus probables simpatizantes.

Desde 2009, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado estudios sobre la participación ciudadana y definido los perfiles de los votantes basados en tres variables: sexo, edad y tipo de casilla (urbana, rural o mixta).

De igual manera, la organización no gubernamental Latinobarómetro, en sus estudios demoscópicos anuales, divide a la población encuestada por edad, sexo, escolaridad y estrato social.

Ambos estudios aportan información valiosa sobre el perfil del electorado para ser considerada por las instituciones políticas, sus candidatos y equipos de asesores, a fin de delinear la oferta política y la dirección de las campañas con el objetivo de ganar la confianza de la ciudadanía.

Un dato imprescindible para nuestra estrategia de venta (campaña), es conocer el tamaño de nuestro mercado, es decir, cuántos “clientes” potenciales existen. Para ello tenemos diversas herramientas: censo de población, lista nominal de electores y estimaciones estadísticas (CONAPO), entre otras.

Electoralmente, nuestro mercado está claramente definido por la lista nominal; ahí se concentra el total de votantes vigentes (97.5 millones) clasificados a nivel nacional, estatal, distrital, municipal y seccional.

También contamos con los resultados históricos de los procesos electorales, así como con el historial de indicadores sobre participación ciudadana y abstencionismo.

De acuerdo al registro de resultados de los procesos electorales federales ocurridos de 1991 al 2021, podemos asegurar que el promedio general de participación ciudadana es de 57.57%, con un 42.43% de abstencionismo. 

Sin embargo, si analizamos la participación en cada uno de los procesos señalados, nos percatamos que ésta es mayor en las elecciones presidenciales –donde también se eligen diputados y senadores– (62%), en comparación con el 49% de las elecciones intermedias en donde sólo se renueva la Cámara de Diputados 

De igual manera, la participación ciudadana se incrementa, aún más, cuando los procesos electorales son concurrentes (coinciden federales y locales); a contrario sensu, disminuye cuando son huérfanos (no coinciden federales y locales).

El proceso electoral 2023-2024 será la elección concurrente más grande en la historia de México. Se renovarán 2 mil 910 cargos de elección popular –una elección presidencial, 9 gubernaturas (incluyen una jefatura de gobierno), 30 congresos locales y 1,803 ayuntamientos (contando 16 alcaldías) en 30 entidades federativas. Por lo tanto, se espera una participación ciudadana de más de 60 millones (entre el 62 y 64% de la lista nominal).

Si consideramos los resultados de la encuesta de preferencia ciudadana publicada en el periódico El Financiero del 31 de octubre de 2023, el Frente Amplio por México (FAM) requeriría, para ganar la elección en 2024, remontar 18 puntos de desventaja. 

Para lograrlo sólo tiene dos opciones:

  1. Convence por lo menos al 20% de los simpatizantes de Morena y sus aliados o se gana la confianza del electorado indeciso, más un porcentaje de Movimiento Ciudadano.
  2. Convence de votar a la ciudadanía apática, que son el 20%. 

Ambas alternativas presentan diferentes grados de dificultad, especialmente la segunda, al resultar casi imposible convencer a quienes regularmente no acuden a votar. Ese es el reto. 

Entonces, la apuesta es realizar acciones –viables y factibles– enfocadas a las aspiraciones y anhelos de todos los ciudadanos, enfocándonos en los indecisos, en los arrepentidos de haber votado por López Obrador, en los jóvenes y en despertar el interés de quienes regularmente no votan.

Dejo para el siguiente artículo el análisis detallado de los perfiles ciudadanos…

Los privilegios históricos de los entes públicos

El privilegio es bien recibido por quien se beneficia de él y repudiado por quien no lo tiene. Es sinónimo de discriminación e injusticia cuando no va acompañado del mérito.

Los privilegios de la clase gobernante y política son inherentes a la historia de la humanidad y normalizados por la ciudadanía a través del tiempo. Siempre señalados, pero, al final, aceptados e incluso promovidos.

Privilegio se define como la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia (el destacado es nuestro).

Existe una gran diferencia entre un privilegio otorgado y el obtenido por una circunstancia propia. El primero es totalmente parcial; el segundo, en cambio, está asociado a la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza.

Justamente, la ausencia de mérito o reconocimiento de la población hacia el servicio público, es la causa de repudio a los privilegios gozados por los “servidores públicos” y “gobernantes”.

Los resultados de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el INEGI cada dos años desde hace más de una década, así lo confirman: el pueblo mexicano no confiamos en quienes integran las instituciones de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la unión.

Obtener privilegios de personas con poder ha sido una costumbre histórica. Los reyes los otorgaban a sus favoritos basados principalmente en su cercanía filial, premiándolos con títulos nobiliarios u otorgándoles la propiedad y gobierno de regiones en su reino. 

Al igual que en el viejo mundo, en México los privilegios son parte de nuestra cultura. Los aztecas tuvieron su clase privilegiada: el monarca era el Huey Tlatoani, la nobleza y la burocracia estaban representadas por los Tecuhtli y Pilli, los mercaderes adinerados por los Pochtecatl.

En la actualidad los gobernantes hacen exactamente lo mismo y, en lugar de títulos de honor, se reparten secretarías de Estado, se otorgan exenciones de impuestos u obras públicas directamente a amigos o familiares, así como prebendas a líderes sindicales o empresariales.

En resumen, los poderosos y gobernantes, desde tiempos ancestrales, han abusado ilegalmente del otorgamiento de privilegios -alimentando la corrupción y la impunidad de personas o grupos VIP como hoy se les llama-.

Es tanto el deseo de ser o sentirse de la clase privilegiada, que la lisonja o adulación han llegado a niveles de pleitesía por parte de aquellos aspirantes a la gracia del señor.

Por su parte, el gobernante usa la capacidad de otorgar privilegios para ganar adeptos y/o para congraciarse con un sector con tal de recibir, a cambio, apoyo político para continuar en el poder.

En las siete décadas de dictadura perfecta del PRI se institucionalizó el otorgar privilegios a los líderes de gremios u organizaciones –que, en mucha menor medida, los replicaban a sus agremiados– con el objetivo, primero, de tranquilizarlos para después incorporarlos a su estructura política.

Hablamos de instituciones privilegiadas por todos conocidas son la SEDENA, la Marina, PEMEX, la CFE, el IMSS; los tres poderes de la unión y los tres órdenes de gobierno –sobre todo en sus mandos superiores–, así como los grandes grupos empresariales.

Finalmente, los privilegios dentro de la clase política no serían un problema grave o una afrenta pública si estuvieran asociados a estándares de profesionalización y capacitación continua para elevar la eficiencia y calidad del servicio público.

Sería todo un síntoma de civilidad que se implementara la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en todas las instituciones de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.

Cabe resaltar que en el Poder Judicial de la Federación, INE e INEGI cuentan con su propio sistema de ingreso, ascenso y premiación al mérito; por lo tanto, no hay privilegios.