La seguridad ha sido el eje central del discurso del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, desde el inicio de su administración. Repetidamente ha asegurado que “de la seguridad me encargo yo”, una frase que, aunque resonaba con fuerza en un principio, ha comenzado a desdibujarse tras los recientes acontecimientos.

La decisión de retirar al Grupo de Reacción de la nómina municipal es un golpe que plantea dudas sobre la capacidad del municipio para gestionar de manera efectiva un aspecto tan fundamental como la seguridad pública. Este movimiento ha dejado a Torreón en una situación de vulnerabilidad, pues al Grupo de Reacción se le ha visto como una pieza clave para el combate a delitos de alto impacto. En su lugar, la responsabilidad ha sido asumida por el estado de Coahuila, a través de una acción rápida y oportuna que ha evitado un mayor deterioro en la capacidad de respuesta ante emergencias en la ciudad.

Lo que queda claro aquí es que la profesionalización en la administración pública es más que necesaria, y lo ocurrido en Torreón es una muestra de lo que sucede cuando no se gestiona con el rigor y la planificación que la seguridad demanda. Las decisiones apresuradas, como la desvinculación de un grupo especializado, pueden tener consecuencias graves, tanto para la ciudadanía como para los funcionarios que las toman. La Ley de Responsabilidades Administrativas establece sanciones severas para aquellos que, por negligencia u omisión, pongan en riesgo servicios esenciales como la seguridad.

Es evidente que el estado de Coahuila ha intervenido de manera eficiente para llenar el vacío dejado por el municipio, y esa disposición debe reconocerse. Pero uno no puede evitar preguntarse: si “de la seguridad me encargo yo” era el lema de Román Cepeda, ¿de verdad sigue siendo él quien se encarga de la seguridad? Quizá, después de todo, la seguridad ya no es cosa suya… o al menos, no completamente.

¿Y ahora? Bueno, tal vez el eslogan debería ajustarse un poco: “De la seguridad me encargo… cuando puedo”. Un toque de humor con una gran dosis de realidad, pues al final, la seguridad en Torreón parece estar más en manos del estado que en las del propio alcalde.

Mientras tanto, las posibles consecuencias jurídicas para los funcionarios municipales siguen latentes. El no cumplir con sus obligaciones, tal como lo dicta el marco legal, podría derivar en sanciones que van desde inhabilitaciones hasta procesos administrativos más severos. En este juego de la seguridad, más vale que los responsables se tomen en serio su rol antes de que las fichas caigan en su contra.